La actividad financiera se centra en prestar fondos y, tras un período de tiempo preestablecido, recuperarlos con sus correspondientes intereses, de forma que en ningún momento se pretende iniciar trámites judiciales de ejecución de garantías y actuaciones similares.  Por ello, es básico analizar todas y cada una de la variables que pudieran incidir en e1 buen desarrollo del mismo y que, llegado el momento, pudieran hacerlo fracasar, lo que inevitablemente conduce a la necesidad de realizar un correcto análisis de riesgos, entendiendo el riesgo como la posibilidad de que ocurra un suceso o una condición que provoque consecuencias que mejoren (oportunidades) o desfavorezcan (amenazas)el cumplimiento de los objetivos del proyecto (alcance, plazo, coste, calidad), siendo por tanto su origen  la incertidumbre inherente a la propia definición de proyecto.  

El objetivo del análisis de riesgos en este ámbito es por tanto impedir que surjan sobresaltos no previstos que pueda dar lugar a que no se dispongan de las necesarias coberturas o salvaguardas (ICO, 1995). 

 

 I.- Conceptos básicos: 

El desarrollo del PF trae consigo que las empresas productoras de bienes de equipo y plantas de producción «llave en mano«, se encuentren con la necesidad de involucrarse en el proyecto industrial o de servicio sujeto a licitación pública por administraciones de otros países (Herrasti, 1997), con el fin de mantener su competitividad. 

La participación en el capital de la sociedad constituye un requisito que exige compartir, al menos parcialmente, los riesgos del conjunto del proyecto, debilitando el objetivo de conseguir el máximo de financiación con el mínimo compromiso sobre los activos de la empresa.  

De lo dicho anteriormente, se desprende que en este caso, los financiadores asumen mayores riesgos que en la financiación tradicional, por lo que el enfoque ha de ser diferente, ya que se exige que el proyecto sea susceptible de generar recursos suficientes capaces de amortizar la deuda y ofrecer una aceptable rentabilidad, es decir, en este caso, necesariamente está obligado a estudiar la viabilidad de dicha línea, el volumen y certeza de los ingresos previstos, así como no sólo en los mecanismos de financiación y condiciones de pago del material que aporta, sino también de la financiación y retribución esperada de su participación en el capital de la empresa licitante, como se le exige en las condiciones del concurso (Herrasti, 1997) 

 

Por tanto, y con el fin de aminorar al máximo los riesgos, el proceso de análisis a seguir debe ser el siguiente: 

• Identificación de los riesgos. 

Es vital examinar cuáles son los riesgos que inciden en el proyecto y que pueden acarrear bien una disminución de los ingresos o bien un incremento de los costes. 

La identificación de los riesgos debe ser hecha lo antes posible, incluso antes de plantear el proyecto a los financiadores. Dicha identificación se efectuará dentro del marco de un riguroso estudio de viabilidad sin perjuicio de que éste pudiera ser revisado posteriormente por los financiadores. En este sentido resulta valiosa la experiencia de los financiadores en proyectos anteriores para evitar, en el futuro, la aparición de riesgos no detectados previamente. 

• Análisis de los riesgos. 

Una vez detectados los posibles riesgos que pudieran afectar al proyecto, será importante analizarlos para determinar su impacto, probabilidad y, si es posible, su posible cobertura con los instrumentos habituales que existen en el mercado.  

• Asignación de los riesgos: 

El partícipe que pueda controlar mejor un riesgo específico es el que debe asumir la mayor responsabilidad en su control buscando reducir al máximo su impacto sobre el cashflow. La consecuencia de una correcta identificación y asignación de riesgos es un importante abaratamiento de la financiación; por contra, una incorrecta definición y asignación de riesgos supone, en la mayoría de las ocasiones, tener garantizado el fracaso del proyecto, motivo por lo que entre  las obligaciones de la dirección del proyecto debe encontrarse el de realizar una correcta gestión de riesgo. 

 

 

 

II.- Riesgos en las principales fases del proyecto: 

Los riesgos de solvencia técnica y financiera, los políticos y de fuerza mayor, los legales y los medioambientales; son comunes tanto a la fase de construcción como a la de explotación del proyecto.  

En las fases anteriores a la construcción es cuando el nivel de riesgo es más alto y los posibles impactos más bajos; por lo que es cuando se deben tomar las diferentes medidas contra el riesgo. Estos riesgos pueden consistir en una mala definición contractual de obligaciones y derechos de los socios en la formación de la SVP, cambios en la política, cambios de poder tras unas elecciones, errores en el diseño/ingeniería (un mal proyecto técnico será fuente de diversos riesgos, algunos muy importantes).   

En la siguiente figura se resumen los riesgos que afectan al proyecto a lo largo de su vida 

 

  

II.1.- Riesgos durante la fase de construcción: 

La fase de construcción del proyecto, donde aún no existe una realidad física susceptible de generar ingresos, sino tan sólo una mera expectativa, es la fase en la cual el proyecto es más vulnerable y donde la incidencia de los riesgos es menos controlable. 

Los financiadores deben examinar ya sea personalmente o mediante encargos a terceros independientes, el análisis de la metodología de trabajo y las proyecciones y puntos de partida establecidos en el estudio de viabilidad. Normalmente no están dispuestos a asumir los riesgos inherentes al período de construcción, por lo que buscarán su traslado a los promotores, contratistas, etc., exigiendo que los mismos estén mitigados al máximo. 

En esta fase, el impacto de los riesgos puede ser muy elevados y, por supuesto, dependen del tipo de proyecto, pero, sin embargo, los más usuales son los siguientes:  

a) Retraso en el calendario.

El retraso en éste, implica un incremento del coste financiero y posiblemente un alargamiento del calendario de amortización. 

b) Incremento de los costes.

En proyectos donde los costes están calculados minuciosamente una desviación no prevista puede provocar el fracaso del proyecto. 

Ambos riesgos son evitables en gran medida mediante un contrato «llave en mano» a través del cual la responsabilidad en el cumplimiento de los plazos recae sobre el contratista, que lo avala mediante un complejo sistema de garantías y penalidades económicas por retraso o incumplimiento en las especificaciones. Esta solución tiende a encarecer los precios, ya que el contratista asume más riesgos, y no soluciona de raíz los riesgos, que siguen existiendo (sobre las espaldas de otro participante) y pueden “rebotar” a su cliente si el contratista tiene problemas graves.  

Por otra parte, un contrato «llave en mano» no presupone la existencia de un único contratista. Es perfectamente factible que un contratista llamémosle principal asuma la responsabilidad única sobre la realización de las tareas de otros contratistas secundarios, o que se formen agrupaciones temporales (por ejemplo, UTE´s, entre distintos contratistas al objeto de ejecutar el proyecto), o incluso se pueden hacer paquetes independientes (si esto fuese posible) de obra y contratarlos a diversos contratistas, todos ellos “llave en mano”. 

En los casos en los que los contratistas no asuman todos o parte de los riesgos que entraña la construcción o desarrollo del proyecto, el financiador suele asegurarse de la existencia de un recurso más o menos limitado contra los promotores. La fórmula más habitual son las llamadas garantías de finalización (“completion guarantees”), a través de las cuales los promotores se hacen responsables frente al concesionario de cualquier (o de algún) evento que pueda incidir sobre el proyecto hasta que éste se encuentre plenamente operativo y sea susceptible de generar ingresos. 

Hay que precisar que el concepto «finalización», a veces, va más allá de la mera terminación material del proyecto, pudiendo quedar incluso dentro de ese concepto la obtención, por ejemplo, de cuantos permisos o licencias sean necesarias para operar el proyecto o la consecución de determinados rendimientos o especificaciones.  En estas situaciones, el recurso a los promotores finalizará cuando el proyecto haya pasado satisfactoriamente un «test» de finalización (Herrasti, 1997). 

 

c) Disponibilidad de terrenos, infraestructuras y transporte.

 La disponibilidad de los terrenos es un tema a solucionar antes, incluso, de plantear la financiación. Respecto a las infraestructuras necesarias, éstas pueden ser objeto mismo del proyecto. No es inusual que el propio proyecto (cuando éstos son de gran envergadura) contemple sus propias fuentes de suministros (por ejemplo, plantas generadoras de energía construidas específicamente para este proyecto) o la construcción de carreteras que unan el proyecto con la red general de comunicaciones, tanto para el suministro de materias primas como para el movimiento de productos al mercado. 

Estos riesgos se mitigan estableciendo una estructura contractual sólida a través de la cual la sociedad del proyecto tenga asegurado, mediante contratos a largo plazo y precio fijo con contrapartes solventes, el transporte y el suministro.  

 

d) Disponibilidad de materias primas,fuerza laboral y contratistas. 

 Evidentemente, la no disponibilidad de dichos factores entrañaría bien un retraso o bien un incremento de los costes, o ambos, al tener que buscar fuentes alternativas. 

 

  

II.2.- Riesgos durante la fase de explotación 

Los riesgos inherentes más usuales a un proyecto en el momento en el que ya está plenamente operativo son los siguientes: 

 a) Existencia de mercado para el producto o servicio y acceso a los mercados:

Con acceso a los mercados, nos referimos, tanto en términos físicos (comunicaciones y transporte) como en términos puramente comerciales (si existe libertad de compra para los potenciales adquirentes del servicio o producto, o si el mercado está controlado por el Estado). 

Estos riesgos se mitigan mediante un estudio riguroso de viabilidad y estableciendo estructuras contractuales sólidas; en este sentido es habitual la existencia de contratos a largo plazo (Take or Pay, Throughput Agreements …), que mitigan el riesgo operativo, garantizando un mercado para el producto o servicio a un precio diseñado para cubrir los gastos operativos y atender a la deuda. Así, por ejemplo, un contrato “Take orPay” lo que garantiza es que la persona que contrata continuará pagando a la contratada independientemente de que no continúe utilizando el servicio contratado. 

En ocasiones esa obligatoriedad de compra viene impuesta por las propias normas reguladoras del sector, por ejemplo, la producción de energía eléctrica en régimen especial en España, donde las compañías eléctricas están obligadas a adquirir la energía excedentaria suministrada por estos productores a un precio determinado (cogeneración). 

 b) Estacionalidad de los recursos

En determinado tipo de proyectos deberá estudiarse este factor, piénsese, por ejemplo, en una central hidroeléctrica donde la existencia de meses secos afectará inevitablemente al cash-flow que genere. 

Estos riesgos sólo pueden ser analizados a través de estudios estadísticos. Todos estos factores deberán encontrar su reflejo en la documentación de la financiación y establecer, por ejemplo, fondos de reserva que permitan hacer frente al servicio de la deuda en las épocas donde se genere insuficiente cashflow.  

c) Competitividad

El estudio de viabilidad ha de contemplar la existencia y fuerza de posibles competidores, así como la existencia o la expectativa de proyectos competidores similares. 

Para mitigar estos riesgos es habitual la existencia de contratos a largo plazo (Take or Pay, Throughput Agreements o Tolling Agreements) que mitigan el riesgo operativo, garantizando un mercado para el producto o servicio a un precio diseñado para cubrir los gastos operativos  y atender a la deuda.  

d) Obsolescencia

Cuando se trata de tecnologías avanzadas será necesario cuantificar hasta qué punto su posible obsolescencia puede terminar con la viabilidad del proyecto por hacerlo poco eficiente. 

En los Proyectos en los que el plazo de desarrollo es muy amplio deberemos evaluar si el producto o servicio que se ofrecerá, seguirá teniendo aceptación cuando el proyecto se encuentre en su fase operativa. 

En este caso volvemos a hacer hincapié en la necesidad de firmar contratos sólidos a largo plazo que aseguren los ingresos necesarios para hacer frente al servicio de la deuda.  

e) Nuevas tecnologías:

Cuando se trata de nuevas tecnologías, el problema reside en que, en ocasiones, éstas no han sido suficiente contrastadas, incrementando el riesgo de problemas en la explotación, ya sea como consecuencia de retrasos, incremento de los costes o simplemente fallos técnicos. 

Cuando se trata, de riesgos asociados a la existencia de nuevas tecnologías, la  manera más habitual de cubrirlos es a través de garantías de rendimiento otorgadas por los suministradores .  

f) Precios:

A la hora de valorar las posibles variaciones en los precios habrán de considerarse factores corno la inflación, proyecciones de precios para el producto o servicio; si se trata de precios libres o precios fijados por las autoridades de control, tarifas aplicables e incluso en Proyectos con vocación transnacional, la existencia de barreras comerciales. 

Para minimizar los efectos de estos riesgos, se pueden recurrir a un “contrato operativo y de mantenimiento”), que incluyen  precios cerrados  o sujetos a revisiones sobre la base de parámetros objetivos previamente determinados entre las personas que correspondan.   

g) Interrupción en el funcionamiento de las instalaciones:

Para hacer frente a este riesgo, se puede: 

• Establecer un “Seguro de Lucro cesante”, en el caso de que la interrupción se haya debido a un siniestro. 
• Hacer un contrato operativo y de mantenimiento (O&M), incluyendo sus correspondientes penalizaciones  por incumplimiento. 
• Garantía de los socios.  

h) Desabastecimientos de materias primas: 

Para cubrirnos frente a este riesgo, podemos recurrir a: 

• Contratos de suministro garantizado, durante un periodo de tiempo no inferior al de la deuda. 
• Auditorias técnicas sobre la disponibilidad de recursos. 
• Capacidad de sustitución/es de suministrador/es. 

i) Riesgos derivados de la falta de solvencia necesaria por parte de los compradores. 

 j) Riesgosderivados delaumento del Índice de Morosidad:  

En aquellos proyectos donde los compradores potenciales son, teóricamente ilimitados (proyectos de abastecimiento o tratamiento de aguas), será conveniente suscribir una póliza de caución por deterioro de ratios.  

 k)Riesgode Culminación:  

Es el riesgo de que no se culmine la obra por incumplimiento de la empresa responsable (la compañía del proyecto).  

Normalmente este riesgo se mitiga a través de una fianza de fiel cumplimiento por parte del constructor. Asimismo, el banco o prestamista puede constituir garantías sobre el contrato de concesión para que en caso de que el concesionario incumpla con la culminación de la obra, el banco se subrogue en los derechos del concesionario.  

l) Riesgo Cambiario:

Es el riesgo de que exista una devaluación en la moneda de ingreso al proyecto con relación a la moneda de pago del crédito.  

Para mitigar este riesgo se pueden constituir cuentas de retención en el exterior a nombre del prestatario a modo de reserva de divisas. También se puede negociar un seguro de cambio con un banco a la hora de pedir financiación, si bien este nos exigirá un may0or interés en el crédito para compensar los riesgos. 

 m) Riesgo Comercial o Económico:

Es el riesgo que deriva de que la demanda del producto o servicio que se obtenga por la obra no sea suficiente para cubrir el pago de servicio de deuda y gastos operativos y de mantenimiento.  

Para mitigar este riesgo se requerirá de contratos de obligación de compra del producto o el pago anticipado obligatorio por el producto. Este tipo de relaciones contractuales se conocen como «take or pay» (consume o paga) y «shadow tolls» (peajes sombra o subsidios). Mediante los contratos «consume o paga» el consumidor del producto o servicio se obliga con el productor del mismo, con anticipación a la existencia de dicho producto o servicio, ya sea a consumirlo cuando se produzca o se preste o a pagar la tarifa correspondiente se produzca o no el producto o servicio.  

En el caso de contratos «consume y paga» el demandante del producto o servicio se obliga anticipadamente a consumir y a pagar por dicho servicio, pero a diferencia de la fórmula «consume o paga» si el producto o servicio no se produce el consumidor no deberá pagar por él. En cuanto a los «shadow tolls» o «peajes sombra» el estado se obliga a desembolsar los fondos necesarios en caso de bajar los ingresos por peajes de acuerdo al límite previsto. Bajo estos esquemas se pretende traspasar los riesgos. 

 n) Riesgos de explotación y mantenimiento:

Este riesgo puede derivarse de: 

• Una gestión inadecuada. 
• Una interrupción del funcionamiento. 
• Daños a instalaciones.  

Las coberturas frente a éstos, podrían ser las siguientes:  

• Contrato operativo y de mantenimiento (O&M), incluyendo sus correspondientes penalizaciones por incumplimiento  
• Seguros de bienes de equipo.  
• Seguros de pérdida de beneficio. 

 

 

  

II.3.- Riesgos financieros: 

Están relacionados con la Solvencia Financiera, de cada participante:  

 

a) Promotores:

Es importante valorar la ratio de solvencia de la Sociedad Vehículo de proyecto mediante la relación entre los recursos propios aportados por los promotores y los recursos externos requeridos para su financiación. 

Es corriente establecer mecanismos de cobertura ante posibles insuficiencias de fondos, que en ocasiones se traduce en la obligación por parte de los promotores o socios de aportar recursos adicionales vía capital o deuda subordinada. Por ello, la solvencia económica de los promotores ha de ser cuidadosamente examinada.  

b) Contratistas:

La solvencia económica de los contratistas ha de ser cuidadosamente examinada, ya sea mediante el otorgamiento de garantías o la obligación de pago de diversas penalidades en caso de incumplimiento. 

 c) Suministradores:

Básicamente de materias primas, en la medida que asuman obligaciones de suministro a largo plazo cuyo incumplimiento tenga como consecuencia la sustitución del producto por obligaciones económicas (contratos “Put or Pay”). 

 d) Operadores:

Sus obligaciones vendrán recogidas en forma de garantías y penalidades económicas por incorrecta explotación, por lo que su solvencia económica ha de ser estudiada con detenimiento. 

 e) Compradores:

En tanto en cuanto el proyecto requiera de unos contratos de venta del producto o servicio a largo plazo (contratos  «Take or Pay» o «Take and Pay»), la solvencia económica de los compradores que les posibilite a hacer frente a esas futuras compras, ha de ser cuidadosamente examinada. 

 f) Usuarios:

En determinados Proyectos existe un contrato de utilización por parte de un tercero (end user) por el cual deberá pagar unas comisiones o peajes. 

Se hace imprescindible la ratificación de su solvencia para hacer frente a dichos pagos. 

 g) Aseguradores:

Es importante valorar la capacidad económica de las compañías aseguradoras, reaseguradoras y de los brokers que intervienen con el fin de garantizar su solvencia en el caso de necesitar una indemnización por siniestro. 

  h) Riesgos derivados de la volatilidad de los mercados financieros:

• Fluctuaciones de tipo de cambio y tipo de interés en las bolsas internacionales. 
• Cambios en la inflación que afecten al precio de suministros esenciales para el proyecto, tales como energía o materias primas.   Para su cobertura se podrían establecer contratos de suministros con precio cerrado con los proveedores que, si fuese necesario, estuviesen avalados por el estado. 
• Caída de precios del producto o del servicio.  La cobertura contra la caída de los precios se puede realizar mediante diversas opciones y futuros .  

 

 

 

 

II.4.- Riesgos Políticos y de fuerza mayor: 

a) A nivel internacional: 

Los financiadores y los promotores han de asumir un riesgo político, según el país de acogida del proyecto. Teniendo en cuenta que este concepto engloba infinidad de situaciones, destacaremos como principales las siguientes: 

• Colapso del orden político existente en el país de acogida, motivado por la aparición de hostilidades, guerras, movimientos revolucionarios o insurrecciones. 
• La imposición de nuevos impuestos que penalicen el proyecto. 
• Restricciones de control de cambios o limitaciones a la conversión de moneda. Es muy habitual que en Proyectos donde el principal consumidor o usuario sea el Estado, éste satisfaga el precio en moneda local, que sólo puede ser convertida a una divisa fuerte a través del Banco Central de dicho país. 
• Nacionalizaciones y/o expropiaciones. 
• La promulgación de nuevas leyes o modificación de las existentes. 
• Limitación a la inversión extranjera. 
• Problemas para el otorgamiento de licencias, permisos, etc.  
• Riesgo de transferencia, es decir, riesgo de que la moneda local pierda su convertibilidad, o que los cashflow no puedan ser transferidos a exterior como repago de obligaciones denominadas en divisas 

Todos estos problemas, por su naturaleza  “política”, son difíciles de tratar y sus posibles soluciones son, en ocasiones, temporales; pero teniendo en cuenta que pueden llegar a perjudicar el éxito del negocio, la seguridad de la inversión y las perspectivas de amortización, conviene entablar directamente las conversaciones con las autoridades locales al objeto de clarificar el alcance, dimensión y contenido de los permisos, licencias y concesiones otorgadas al proyecto.(Nevit y  y Fabozzi, 1998) 

Sería importante obtener algún tipo de compromiso por escrito de dichas autoridades, pero hay que tener en cuenta que dichos compromisos, muchas veces, tienen un carácter más moral que legal.(Nevit y  y Fabozzi, 1998) 

Otra forma de mitigar estos riesgos es mediante la participación de entidades supranacionales o agencias multilaterales de desarrollo que hagan más problemática una acción arbitraria del Gobierno del país de acogida (Nevit y  y Fabozzi, 1998). 

 

En el mercado existen compañías de seguros que proporcionan una cobertura (parcial, no total) contra este tipo de riesgos, entre las que destaca : 

• A) Mercado Lloyd’s, cuyo único criterio para el cálculo de las primas a abonar por la cobertura de los riesgos políticos es mercantil.
• B) Compañías públicas(Seguros de Crédito a la Exportación, conocidas como ECA’s-Export Credit Agencies, que en España se denominan CESCE- Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación- …), que establecen esta cobertura con el fin de apoyar la exportación local de bienes (equipos, tecnología, etc.) y servicios. Cualquier siniestro en el que incurran se carga contra los presupuestos Generales del Estado, ya que las coberturas se otorgan siguiendo criterios de conveniencia política del país exportador,motivo sus precios suelen ser más competitivos. 
• C) Compañías Multilaterales de Desarrollo (MICA) (Multilateral InvestmentGuaranteeAgency). Estas compañías que se nutren de recursos aportados por los países miembros y buscan facilitar las inversiones en países problemáticos, aportando garantías, y con ello impulsar el desarrollo de determinados sectores básicos para la sociedad. 

 

b) A nivel nacional:

Este riesgo «político» también existe a nivel nacional (bajo la forma de  cambios legislativos o, simplemente, en la tradicional lentitud en la obtención de autorizaciones y permisos administrativos), si bien su existencia es menos dramática.  

 

 

II.5.- Riesgos Legales: 

El sistema jurídico donde el proyecto se va a desenvolver también, será objeto de estudio dado que los financiadores, que querrán quedar satisfechos con la protección que dicho ordenamiento les pueda proporcionar, máxime cuando no existe recurso contra los promotores o éste es limitado. 

Hay que tener en cuenta además que los mecanismos judiciales de resolución de disputas pueden ser insuficientemente ágiles, por lo que puede ser aconsejable la adopción de fórmulas de arbitraje. 

 

II.6.- El Riesgo Medioambiental: 

Los proyectos sujetos al esquema de BOT – «Project Finance» son normalmente de capital intensivo con altas repercusiones ambientales. 

Además, la  preocupación que despiertan en la opinión pública los efectos adversos que producen los procesos industriales sobre el medio ambiente se ha trasladado paulatinamente al plano legislativo mediante la promulgación de una diversidad de normas cuyo objetivo es preservar la naturaleza creando un sistema de responsabilidad objetiva sobre la base del principio de que «quien contamina, paga». Por ello la infracción de las normas protectoras del medio ambiente puede llevar consigo la imposición de importantísimas sanciones económicas e incluso la paralización o el cierre de la instalación contaminante, o ser constitutivo de ilícitos penales. 

La manera más habitual de paliar este riesgo es la realización de profundas auditorias al objeto de identificar cuáles son los potenciales impactos en el medio ambiente del proyecto. Aun cuando el proyecto, según éste haya sido diseñado, cumpla con los requisitos legalmente establecidos, es más que probable que los financiadores exijan que se prevea un margen adicional de seguridad (por ejemplo: el cumplimiento de requisitos más drásticos que los legalmente exigibles) al objeto de poder afrontar futuras modificaciones legislativas que impongan obligaciones adicionales. En Proyectos que son o puedan ser especialmente dañinos con el medio ambiente se ha llegado a exigir la constitución de fondos de reserva indisponibles al objeto de hacer frente a posibles contingencias futuras de esta índole (Herrasti, 1997). 

 

II.7.- Distribución de riesgos: 

En el proceso de distribución de riesgos, básico en el desarrollo del PF., aparece de forma lógicamente inseparable, el de distribución de garantías con el objeto de distribuir los riesgos a quien mejor preparado está para poder enfrentarse a ellos con mayores garantías 

 En la siguiente tabla se muestra esta asignación en forma de tabla. 

 

 

 

III.- Cobertura de riesgos: 

Los principales garantes son los propietarios de la SVP, sea con los fondos directamente aportados al proyecto o con sus garantías adicionales directa o indirectamente aportadas. 

Además los riesgos potenciales que pueden ser cubiertos por Terceros mediante la suscripción de una póliza de seguros o mediante otras garantías prestadas por terceros que actúan como un patrocinador (proveedores de materias primas, proveedores de bienes de equipo, proveedores de servicios, adquirentes de productos de la SVP, MLA, etc.) 

Los riesgos potenciales que pueden ser cubiertos mediante la suscripción de una póliza de seguros son:  

1. RIESGOS COMERCIALES:  
   1. La insolvencia de hecho o la morosidad.  
   2. La insolvencia de derecho (quiebra, suspensión de pagos, etc.).  
2. RIESGOS POLÍTICOS:  
   1. Omisión de transferencias de divisas.  
   2. Impago de compradores públicos.  
   3. Circunstancias de carácter catastrófico o extraordinario.  
   4. Guerras, revoluciones u otros acontecimientos similares.  
3. EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL EXTERIOR:  
   1. Imposibilidad de realización de los trabajos.  
   2. Interrupción de su ejecución.  
   3. Impago de certificaciones de obra.  
   4. Protección de la maquinaria desplazada.  
   5. Fondo de maniobra.  
4. INVERSIONES EN EL EXTERIOR:  
   1. Riesgos relacionados con el derecho de propiedad: confiscaciones, expropiaciones  
   2. Riesgos de repatriación de dividendos o indemnizaciones 

 Por otra parte, para la cobertura del riesgo del país implícito en este tipo de proyectos en el exterior (riegos políticos, de expropiación y de transferencia), existe la posibilidad de suscribir una Póliza de Seguros con las Agencia Estatales de Seguros de Crédito a la Exportación, conocidas como ECA’s (en España, CESCE- Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) que elimina riesgos del entorno en el que debe desarrollarse el proyecto (Ruiz Ojeda et al, 2000).