La Ley 9/2017 ha derogado la Ley 23/2011, una normativa que regulaba el acceso a la universidad en España.

La derogación de esta ley ha generado un debate entre los distintos sectores de la sociedad, ya que la Ley 9/2017 ha introducido cambios significativos en el sistema educativo del país.

Entre las principales modificaciones que ha introducido la Ley 9/2017 se encuentran la eliminación de las selectividades autonómicas y la creación de una nueva prueba única de acceso a la universidad.

¿Qué tipo de contrato fue suprimido por la Ley 9 2017 de contratos del Sector Público?

La Ley 9/2017 de contratos del Sector Público suprimió el contrato de arrendamientos de bienes inmuebles para uso distinto del de vivienda, lo cual era parte de los contratos del sector público. Esta decisión fue tomada con el objetivo de mejorar la transparencia en la contratación pública y evitar posibles prácticas corruptas.

Esta medida ha generado controversia entre los diferentes actores del sector público, especialmente entre los propietarios de inmuebles que solían alquilar sus propiedades al sector público. Por otro lado, algunos expertos en contratación pública han aplaudido esta decisión, considerándola como un paso hacia una mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

Con la supresión de este tipo de contrato, se espera que las entidades del sector público busquen alternativas más transparentes y eficientes para cubrir sus necesidades de espacios. Esto podría implicar la adopción de nuevos modelos de contratación que se ajusten a los principios de legalidad, eficiencia, y economía en el uso de los fondos públicos.

¿Qué Ley deroga la Ley de contratos del Sector Público?

La Ley de contratos del Sector Público es una normativa que regula las relaciones contractuales entre las entidades del sector público y los particulares que contratan con ellas. Esta ley establece los principios de contratación pública, los procedimientos a seguir y los derechos y obligaciones de las partes involucradas.

En **octubre de 2017** se aprobó la **Ley de Contratos del Sector Público**, la cual derogó la anterior ley que regulaba esta materia. La nueva ley tiene como objetivo modernizar y simplificar los procesos de contratación pública, fomentando la transparencia, la eficiencia y la competencia en la contratación.

La **Ley de Contratos del Sector Público** introdujo importantes novedades en la contratación pública, como la obligatoriedad de la utilización de medios electrónicos en los procedimientos de contratación, la regulación de los contratos menores y la promoción de la colaboración público-privada en la ejecución de obras y servicios públicos.

¿Qué Real Decreto Legislativo de 2011 derogó la llegada de la Ley 9 2017?

El Real Decreto Legislativo de 2011 que derogó la llegada de la Ley 9 2017 fue el Real Decreto Legislativo 1/2011, el cual estableció las bases del sistema de la seguridad social y modificó la Ley General de la Seguridad Social.

Este Real Decreto Legislativo derogó varias disposiciones de la Ley 9 2017, que regulaba aspectos específicos de la protección social de los trabajadores, así como las prestaciones por desempleo y las ayudas para la reinserción laboral.

La derogación de la Ley 9 2017 por el Real Decreto Legislativo 1/2011 generó controversia en el ámbito laboral, ya que muchos consideraban que la nueva normativa no ofrecía las mismas garantías de protección social que la anterior.

¿Qué Ley deroga la Ley 30 2007?

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, fue derogada por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, además de derogar la anterior normativa, introdujo importantes cambios en la contratación pública para adaptarla a la normativa europea y mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

Con la entrada en vigor de la Ley 9/2017, se establecieron nuevos criterios para la adjudicación de contratos públicos, se simplificaron los procedimientos de contratación y se reforzaron los mecanismos de transparencia y control en la contratación del sector público.